Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que establece sanciones administrativas graves a los servidores públicos que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, cometan actos de hostigamiento y acoso sexual.
Con la adición de la fracción XIV al artículo 7 y de los artículos 64 Ter y 64 Quater a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establece la obligación para los servidores públicos de promover, respetar, proteger y garantizar el acceso a todas las mujeres a una vida libre de violencia.
En el documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, se determina la responsabilidad administrativa del servidor público que dilate, obstaculice o impida de manera injustificada la implementación de la alerta de violencia de género, en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Al fundamentar el dictamen, Beatriz Rojas Martínez señaló que el documento hace evidente la necesidad de atender urgentemente la problemática sobre la violencia de género contra las mujeres.
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, el 48 por ciento de los presuntos culpables se encuentran laborando actualmente; hay carpetas abiertas contra 358 funcionarios públicos.
El Estado tiene el reto de reforzar su estrategia de seguridad pública, así como enfrentar los altos niveles de inseguridad y violencia que afectan a las mujeres y niñas, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Política y en cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
María Ester Alonzo Morales afirmó que el dictamen responde a las demandas de la sociedad contra el acoso y hostigamiento sexual a las mujeres; en México, cuatro de cada 10 mujeres son víctimas de hostigamiento, acoso, abuso sexual o violación; en lo que va de 2020 hay más de dos mil 500 carpetas de investigación por violencia de género, 24 mil por abuso sexual, cuatro mil 500 por acoso y mil 500 por hostigamiento.
María Bertha Espinoza Segura mencionó que estas conductas impactan en el desempeño profesional de las mujeres y violentan sus derechos. Son insuficientes los mecanismos para inhibir acciones misóginas; por ello, hay que evitar que los servidores públicos hostiguen o acosen porque serían responsables de faltas administrativas graves.
