Ciudad de México.- Durante el “Coloquio hacia una reforma del sistema de pensiones. Segunda parte: experiencias estatales”, el diputado Marco Antonio Medina Pérez mencionó que México tiene cientos de regímenes que derivan en una seguridad social excluyente, desigual, fragmentada o con experiencias incluyentes, pero también con problemas muy severos.
El secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público destacó que de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) serán 80 mil personas las que alcancen una jubilación en 2022; de esas, siete de cada diez no acumularán las mil 250 semanas de cotización necesarias para poder acceder, cuando menos, a una pensión mínima garantizada.
Puntualizó que este encuentro permite exponer planteamientos para avanzar en el mejoramiento de los sistemas de pensiones en el país y reflexionar sobre si es necesario aumentar la edad de retiro, incrementar el ahorro de los trabajadores, la participación de los empleadores, cambiar el esquema de comisiones que cobran las afores, entre otras medidas.
Medina Pérez destacó que el Índice Global de Pensiones elaborado por la consultora Mercer, para 2019 el sistema mexicano ocupó el lugar 33 de 37 países analizados, porque en términos de adecuación, sostenibilidad e integridad, se observaron debilidades y omisiones trascendentes y visibles en variables como los beneficios para los ciudadanos, la fragilidad en relación con el soporte fiscal, la cobertura limitada, la gobernanza comprometida y los costos operativos complicados.
Relató que otros fenómenos directamente relacionados que tampoco son traducidos en beneficios dentro del sistema de pensiones, están las altas tasas de empleo informal en el país y la todavía baja participación de las mujeres en la población económicamente activa.
De acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, en marzo de 2019, el sistema de seguridad social en México está fragmentado, lo que impide un manejo adecuado de la cobertura previsional porque hay más de mil programas de pensiones contributivas y no contributivas en las entidades federativas, sin conexiones y con sistemas de información inapropiados; hay diversos mecanismos de supervisión y rendición de cuentas y se generan instancias que no permiten disminuir los posibles impactos de cada cambio en el sistema.
