Toluca, Méx.- El Congreso local pidió a Lorenzo Córdova Vianello y a Amalia Pulido Gómez, titulares del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), que instrumenten el “Modelo de Operación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva” para el proceso electoral ordinario 2023 en la entidad, conforme a la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la Protección de los Derechos Político Electorales.
El punto de acuerdo fue impulsado por Mario Ariel Juárez Rodríguez señala que l derecho humano a la presunción de inocencia no puede limitarse a las causas penales del ámbito federal, sino que rige de igual manera en los procesos penales del fuero común y que cuando se trata de los derechos de las personas privadas de su libertad de manera preventiva surge una obligación reforzada y conjunta para hacer accesible a su situación, el goce y disfrute de sus derechos políticos.
El legislador explicó que el 20 de febrero de 2019 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) de la Federación emitió sentencia en un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en el que se concluyó que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, porque se encuentran amparadas bajo el principio y derecho humano de la presunción de inocencia.
Reparación de videocámaras de videovigilancia
Para prevenir, investigar y reaccionar de manera inmediata ante los actos delictivos, Emiliano Aguirre Cruz propuso que se le solicite a Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau, secretario de Seguridad estatal, trabajos de mantenimiento a las cámaras de videovigilancia en la entidad y los municipios; y a Luis Gilberto Limón Chávez, secretario de Movilidad estatal, para que envíe un informe de los vehículos que cuentan con el sistema de videograbación.
El legislador refirió que, ante los altos índices delictivos del Estado de México, en la entidad solo existen 60 centros de mando municipales, que más de cinco por ciento de las cámaras de videovigilancia conectadas al Centro de Mando C5 del estatal no funcionan por diferentes factores y que la entidad cuenta con 0.99 policías por cada mil habitantes, por lo cual subrayó la relevancia de reforzar la seguridad pública a través de la tecnología con su eficiente operación.
En la exposición del punto de acuerdo lamentó la inseguridad que enfrenta la ciudadanía al usar el transporte público, quienes son víctimas de hechos delictivos que quedan grabados en video cámaras de las unidades de transporte pero que no son utilizados para encontrar a las personas responsables.
