Toluca, Méx.- Las terapias de conversión por orientación sexual vulneran los derechos de las personas, específicamente de la comunidad lésbico gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexual y queer (LGBTTTIQ), coincidieron integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales; Procuración y Administración de Justicia; y Para la Igualdad de Género de la 60 Legislatura mexiquense.
Al iniciar el análisis de la iniciativa para reformar el artículo 211 del Código Penal del Estado de México, a fin de prohibir y sancionar con hasta tres años de prisión las terapias de conversión por orientación sexual, expresión o identidad de género, los legisladores consideraron aumentar la penalidad y no perseguir a quienes se sometan a esos tratamientos por voluntad propia.
Beatriz García, promotora de la iniciativa, explicó que esta terapias, discriminatorias y generalmente clandestinas, consisten en tratamientos psicológicos y psiquiátricos en los que usualmente se emplea violencia física, psico-emocional o sexual, tratos crueles, inhumanos y degradantes que atentan contra la dignidad de las personas y transgreden derechos humanos.
Alicia Mercado Moreno y Karina Labastida Sotelo señalaron que estas terapias representan una amenaza grave para la salud y pidieron que también se modifiquen las leyes de Salud y de Educación; mientras que María Luisa Mendoza Mondragón e Imelda López Montiel señalaron que también se sancione cuando el tratamiento sea inducido por profesionales de salud y que la iniciativa garantice respeto a todas las personas.
En tanto que Gerardo Ulloa Pérez, Mario Gabriel Gutiérrez Cureño y Julio Alfonso Hernández Ramírez indicaron que el Senado analiza sancionar con hasta seis años de prisión a quien aplique estas prácticas, que no se persiga a quienes las utilicen de forma voluntaria y se priorice el incremento de las libertades y los derechos de la comunidad LGBTTTIQ, respectivamente.
Juan Maccise Naime propuso especificar la naturaleza y significado de los tratamientos, para que no existan obstáculos normativos en su aplicación, y José Antonio García García advirtió que la reforma podría generar arbitrariedad en su aplicación, y atentar contra el derecho de los individuos de escoger el tratamiento que le sea conveniente.
