Ciudad de México.- Los marcos legales y de políticas se han quedado cortos en integrar medidas necesarias para nombrar a los hombres que ejercen violencia contra las mujeres, hacer justicia y garantizar su no repetición, afirmó Martha Tagle Martínez.
Al iniciar los trabajos del foro virtual para la presentación y análisis del proyecto de iniciativa en materia de trabajo reeducativo con hombres que ejercen violencias contra las mujeres, preguntó cuál es la responsabilidad masculina, “pues son ellos los que están sobrerrepresentados en las estadísticas como responsables de violencia en hogares, violencia sexual, feminicidios, y nosotras no podemos seguir respondiendo por ellos”.
La iniciativa propone armonizar criterios de trabajo reeducativo con hombres que han ejercido violencia contra mujeres y niñas y responder a su complejidad.
Se busca una transformación individual y colectiva que vaya más allá de la sanción legal y punitiva, y al mismo tiempo permita un proceso de transformación social que inicie desde los hombres.
Wendy Briceño Zuloaga, secretaria de la comisión de Igualdad de Género, señaló que debe haber una responsabilidad del Estado en estos temas, y las mujeres hemos señalado que se debe reconocer el feminicidio como emergencia nacional y colocarlo como una prioridad que atraviese todas sus acciones, instituciones y presupuestos.
El director general de Género y Desarrollo, AC (Gendes), Mauro Vargas, dijo que se define el trabajo reeducativo con hombres que ejercen violencia contra las mujeres como un proceso reeducativo, en el marco de la prevención primaria, mediante el cual los agresores trabajan para erradicar creencias, prácticas y conductas que posibilitan, justifican y sostienen el ejercicio de las violencias contra las mujeres.
Señaló que la prevención implica procesos educativos con los niños en diferentes ámbitos de la sociedad y sectores del Estado, para propiciar la articulación de esfuerzos y que cualquier violencia cese y se garantice la no repetición, “pero no podemos hacerlo si los hombres no asumen sus procesos y su responsabilidad individual y colectiva, más allá de la que se le determine como parte de un debido proceso”.
