Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que establece la obligación de los impartidores de justicia federales y locales, de poner a disposición del público el texto íntegro de todas las sentencias emitidas, a efecto de cumplir con el principio de máxima publicidad de las resoluciones.
El documento que reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
En la actualidad no se prevé figura jurídica que imponga dicha obligación a los impartidores de justicia de los poderes judiciales federal y de las entidades federativas, quienes contarán con 180 días, a partir de la entrada en vigor del decreto, para iniciar la difusión de las versiones públicas del texto íntegro de las sentencias emitidas.
Refiere que la transparencia de todas las sentencias es un medio fundamental para combatir la corrupción en el Poder Judicial y exigir la rendición de cuentas sobre el desempeño de las funciones de jueces y magistrados, pues quien firma una sentencia debe saber que será objeto de escrutinio público.
Permitirá que los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía observen, monitoreen y controlen la actividad judicial, y poner al descubierto la corrupción judicial. También, evaluar el correcto funcionamiento, permanencia y adecuado ascenso en la carrera judicial de las personas impartidoras de justicia, y frenar así la corrupción, el amiguismo y el partidismo.
Si las sentencias no se hacen públicas no se conocerán las prácticas discriminatorias y estereotipadas de algunos jueces, que afectan sobre todo a las mujeres. Tampoco se podrá monitorear la labor de jueces si están en la opacidad sus sentencias, ni se podrá evaluar la impartición de justicia ni la pertinencia de la carrera de jueces y juezas, se resalta en el texto.
Al fundamentar el dictamen, la secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Luz Estefanía Rosas Martínez, dijo que la finalidad es hacer públicas las sentencias del Poder Judicial federal y de las entidades federativas, retomando el principio de la Ley de Transparencia para informar a las y los mexicanos de la actividad gubernamental.
Indicó que de acuerdo con una investigación de la organización “X Justicia para las mujeres”, ninguno de los 32 poderes judiciales locales del país cumplía con su obligación de hacer públicas las resoluciones.
