Ciudad de México.- Para profundizar en el análisis del derecho parlamentario, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, organizaron la conferencia “Seguridad jurídica y calidad de las leyes».
El secretario de Servicios Parlamentarios, Hugo Christian Rosas de León, comentó que las leyes deben otorgar seguridad jurídica, sin embargo, en la doctrina mexicana de derecho parlamentario es escaso el análisis sobre el procedimiento legislativo.
“Este déficit del análisis no es correspondiente con la pluralidad que desde hace unas décadas caracteriza al Parlamento mexicano. El Poder Legislativo destaca por su representación política, que determina el procedimiento parlamentario para la toma de decisiones, por ello extraña que haya escaso análisis en la materia”, sostuvo.
Agregó que las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la materia, apenas rebasan una decena de pronunciamientos, mucho de ellos en temas específicos y solo un par sobre los lineamientos generales, de ahí la relevancia de este evento.
La conferencista Piedad García-Escudero Márquez, letrada de las Cortes Generales de España, explicó que lo primero que se debe plantear es qué se entiende por seguridad jurídica, que aunque no está proclamado como un principio en la Constitución mexicana, la doctrina dice que se puede entender como lo derivado de los derechos reconocidos en la máxima ley.
“La seguridad jurídica es la suma de principios, equilibrados de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad en libertad”.
Puntualizó que estos principios exigen que las normas sean claras para que los ciudadanos sepan a qué atenerse. Por eso, no cabe subestimar la importancia que tiene el empleo de una depurada técnica jurídica en el proceso de elaboración de las normas, en la que siempre se debe poner la vista en el resultado y calidad del producto legislativo
Subrayó que el principio de seguridad jurídica le impide al legislador modificar el ordenamiento, ya que no puede estar inerme frente a los cambios sociales.
Juan Carlos Cervantes Gómez, director del CEDIP, consideró que las legislaciones tributarias son oscuras y difíciles de acceder, por lo cual se requiere ser profesional de la contabilidad para una correcta interpretación. Sin embargo, hay quienes se dedican a apoyar a los legisladores para que las normas sean suficientemente entendibles.
