Toluca, Méx.- El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformas que prohíben el castigo corporal y el humillante a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia de niños o adolescentes en el Estado de México, así como de las demás personas que por sus funciones o actividades les tengan bajo su cuidado.
Karina Labastida presentó el dictamen por el que se reforman las leyes de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de Educación y del Código Civil, todos del Estado de México para proteger a la infancia mexiquense de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación comercial o sexual.
Las reformas consideran como castigo corporal o físico los golpes consistentes en manotazos, bofetadas, palizas, con la mano o con objetos, pellizcos y mordidas, hasta quemaduras o castigos en los que se menosprecia, se humilla, se denigra, se amenaza o se ridiculiza a los infantes.
Por ello, se establecen acciones para promover una educación positiva y no violenta y la necesidad de instaurar programas sociales que proporcionen asistencia a infantes y a quienes cuidan de ellos, así como para la identificación, remisión a una institución, tratamiento y observación de los casos de malos tratos al niño y, según corresponda, en casos graves, solicitar la intervención judicial.
Señalan que las autoridades estatales encargadas de la atención y protección a las víctimas darán prioridad a niños y adolescentes, en su calidad de víctimas, mientras que las municipales establecerán unidades de primer contacto para estos casos.
Establecen que perderá la patria potestad quien ejerza castigo corporal y humillante, o cualquier tipo o forma de violencia, incluida la violencia familiar, y solo podrá recuperarla al acreditar haberse sometido satisfactoriamente a un proceso reeducativo de agresores y métodos de crianza positivos y de buenos tratos hacia niñas, niños y adolescentes, así como contar con visto bueno de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Además, en caso de que educadores y autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de las y los estudiantes, o de maltrato, lo harán del conocimiento inmediato de la citada Procuraduría.
