Toluca, Méx.- Durante el informe 2021-2022 al frente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), José Guadalupe Luna Hernández destacó los avances en transparencia y rendición de cuentas, la creación y operación de la Red Ciudadana Anticorrupción, investigaciones y presentación de exhortos a entes de gobierno estatales y municipales.
Las actividades desarrolladas estuvieron divididas en ocho ejes estratégicos, y resaltó que el 75 por ciento de acciones se cumplieron en su totalidad o por encima de la meta propuesta.
Mencionó que es el resultado de trabajo, compromiso, vocación e ideales de los integrantes del CPC, y la coordinación y apoyo de las redes ciudadanas y ONG´s.
“Ante la inconformidad y el embate institucional que padecimos, desde la presidencia y con el respaldo de mis colegas, respondimos afianzando nuestra existencia en una actitud de responsabilidad para ejercer nuestras atribuciones por convicción y sin vacilaciones. Nuestra actuación fue responsable, pero disruptiva cuando fue necesario. No quise que la presidencia y el CPC quedaran atrapados en los márgenes de domesticación y de la vida políticamente correcta”.
El informe comprende del 20 de octubre de 2020 al 19 de octubre de 2022.
Luna Hernández insistió que, por primera vez, el CPC hizo uso de la facultad que se establece en el artículo 23 de la ley del Sistema, que establece proponer al Comité Coordinador la emisión de exhortos públicos por hechos de corrupción que requieren aclaración.
El primero de ellos fue dirigido al gobierno municipal de Ecatepec por posibles hechos de corrupción en la modalidad de pago a servidores públicos que no acudían a trabajar; y el segundo, a la Secretaría de Seguridad estatal por posibles hechos de corrupción en su modalidad de extorsión, soborno y cogobierno en los centros penitenciarios y de readaptación social de la entidad.
Luna Hernández lamentó que, a pesar de que ambas propuestas estuvieron fundadas, motivadas y justificadas, el Comité Coordinador decidió no aprobarlas.
“Frente a la coincidencia de voluntades para conservar el estado de impunidad existente, es nuestro deber ético y constitucional, asumir una postura decidida, valiente y comprometida y negarnos a aceptar el estado actual de las cosas, aun cuando el único camino que nos quede sea la denuncia de estos hechos”.
Destacó las Investigaciones sobre políticas públicas sobre combate a la corrupción, a través de las cuales se identificaron sesgos en autoridades de control y fiscalización, como los adeudos con el ISSEMyM o las omisiones en la Fiscalía especializada para delitos contra la libertad de expresión.
El presidente del Comité enfatizó la creación de la Red Ciudadana Anticorrupción, misma que está compuesta por cinco subredes, en cuyas reuniones se conoció la revisión que Controla Tu Gobierno realizó a plantas de tratamiento de aguas residuales en Chalco; la investigación “Auditoría Ciudadana en el municipio de Amecameca”; la investigación del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero sobre la situación carcelaria en el Estado de México; y el informe de Amnistía Internacional sobre las deficiencias en investigación de feminicidios en la entidad.
“Nuestra Red Ciudadana está más viva que nunca y esperamos que siga creciendo e impulsando acciones como la promoción de las iniciativas de reformas a ordenamientos jurídicos entre las que se encuentran la elaborada para regular la situación de CUSAEM, el presupuesto participativo, el derecho a un buen gobierno y a una vida libre de corrupción”.
Luna Hernández informó que a la fecha se han instalado 119 de 125 CPC locales, lo que significa un avance, tomando en cuenta el cambio de autoridades municipales, lo que ponía en riesgo la continuidad y permanencia de los integrantes. “Tenemos que denunciar públicamente las agresiones, los intentos por impedir que ejerzan sus atribuciones, la presión sobre las contraprestaciones”.
Finalmente, el presidente del CPC, refirió que el 7 de octubre se publicó en la Gaceta de Gobierno el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción (PEA) misma que arrancó trabajos de manera formal este 10 de octubre.
“El CPC tiene que experimentar, desarrollar y actuar todas y cada una de las atribuciones legales de las cuales se encuentra investido. Renunciar al ejercicio de cualquiera, como consecuencia del cálculo político o para sumarse al entramado de complicidades, es un factor de riesgo que afecta la integridad del modelo en su conjunto. Ante la omisión y falta de contestación a nuestros planteamientos, se respondió con más trabajo y mayor determinación. A la resistencia deliberada antepusimos nuestra firmeza”, recalcó.
Luis Manuel de la Mora Ramírez asumirá, a partir del 20 de octubre, la presidencia del CPC.
