Ciudad de México.- Lorena Villavicencio Ayala, coordinadora de la Subcomisión de Feminicidios y Violencia contra las Mujeres de la Comisión de Justicia, afirmó que es fundamental que el presupuesto aprobado para atender este tema se respete en las políticas públicas y no se desvíe.
Durante la segunda reunión del Consejo Consultivo y Ciudadano para el Seguimiento a Casos de Feminicidios y otras formas de Violencia contra las Mujeres, la legisladora sostuvo que analizarán la evolución de los recursos en apoyo a las mujeres.
“Es nuestra potestad y vamos a hacer un esfuerzo muy importante para que en el presupuesto 2020 tengamos la capacidad de incidir plenamente en qué tipos de políticas públicas queremos apuntalar, que efectivamente se etiqueten los recursos y ser garantes de la aplicación adecuada de los mismos”.
Anunció que en septiembre llevarán a cabo una conferencia nacional de legisladoras federales y estatales, y organizaciones de la sociedad civil contra la violencia, por los derechos humanos y presupuesto 2020, para establecer una ruta de trabajo y alcanzar esos objetivos.
Sobre el recorte a los refugios de mujeres, apuntó que “asumimos una posición clara en contra de la afectación presupuestal, porque es una mala señal cuando uno de los problemas más importantes es la violencia y el feminicidio que viven las mujeres de México”.
Destacó la relevancia de reuniones de los integrantes de la Comisión de Justicia con los fiscales estatales, no solo a fin de expresar sus preocupaciones, sino buscar las mejores prácticas y conocer el modelo para enfrentar la violencia y el feminicidio, cuántas tarjetas de investigación tienen, cómo promueven la denuncia, qué medidas se toman en el sistema de justicia mediante el Ministerio Público y dar seguimiento de las decisiones de las autoridades.
Sobre el diagnóstico de la homologación del tipo penal de feminicidio para todo el país, indicó que los integrantes del Consejo Consultivo presentarán una propuesta penal-técnica para definir elementos jurídicos puntuales que contribuyan a que el Ministerio Público y jueces lo clasifiquen de forma acertada, que evite definiciones y penas distintas.
