Caracas, Venezuela.- A través de redes sociales, el obispo por los Derechos Humanos para Venezuela, Dr. Jylman Red Jurado, señala que el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (ACNUDH) “comprueba torturas, detenciones arbitrarias, presos políticos, censura, colectivos, ejecuciones extrajudiciales, justicia parcializada, constituyente ilegal, hambre, control social, además de toda la crisis humanitaria”.
El 5 de julio, el ACNUDH publicó un informe en el que pide al gobierno de Nicolás Maduro que adopte medidas específicas para detener y remediar las violaciones de derechos económicos, sociales, civiles y políticos, que se han documentado en ese país.
El informe elaborado a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas toma como base 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos ocurridas entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Señala que la crisis económica ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales, por lo que de no mejorar esa condición podría incrementar el éxodo migrante.
Como se recordará la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó Venezuela del 19 al 21 de junio para reunirse con los principales actores políticos, desde el presidente Maduro hasta el presidente de la Asamblea Nacional, pasando por integrantes de la sociedad civil, empresarios, víctimas y sus familiares.
“Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, señaló Bachelet.
El ACNUDH documentó 66 muertes durante las protestas de enero a mayo de 2019; 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del gobierno o a los colectivos.
Hasta el 31 de mayo de 2019 había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, han sido despojados de inmunidad parlamentaria.
“Son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa el informe.
