Toluca, Méx.- A propuesta de Karina Labastida Sotelo, el Congreso mexiquense solicitó a José Luis Cervantes Martínez, fiscal General de Justicia del Estado de México, que informe sobre la cancelación de la disculpa pública para las familias de Daniela Sánchez Curiel, Nadia Muciño Márquez, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde, víctimas de desaparición y feminicidio; esta disculpa estaba programada para el 16 de noviembre.
También le solicita que se informe la nueva fecha, horario y lugar para llevar a cabo la ceremonia solemne de disculpa pública en la que acepte su responsabilidad por las violaciones cometidas a sus derechos humanos, restablezca la dignidad de las víctimas e implemente medidas y mecanismos que garanticen la no repetición de los hechos que originaron esas violaciones.
Le pide también que informe la cantidad, calidad y estatus procesal de las investigaciones sobre feminicidios y desapariciones y la administración de los recursos humanos, materiales y presupuestales para atender las investigaciones de los feminicidios, desapariciones y otros delitos de violencia de género.
Ante estos hechos, la diputada Labastida Sotelo subrayó que la Legislatura no puede ser indiferente, ni cómplice de la violencia institucional que ejerció la Fiscalía en contra de Diana Velázquez Florencio, Julia Sosa Conde, Daniela Sánchez Curiel y Nadia Muciño Márquez y sus familiares que solo buscan verdad y justicia.
La legisladora indicó que Amnistía Internacional dio a conocer el 3 de noviembre de 2021 el “Informe Juicio a la Justicia. Deficiencias en las Investigaciones Penales de Feminicidios Precedidos de Desaparición en el Estado de México”, en el que se plasmaron las deficiencias en las investigaciones penales que llevaron a cabo las autoridades mexiquenses en estos casos y la revictimización de las familias por las autoridades a lo largo del proceso de búsqueda de justicia.
En diciembre de 2021 el exfiscal, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, se comprometió con los familiares de las víctimas a disculparse públicamente por la violación de los derechos de las víctimas y sus familiares, incluyendo el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades de la institución, la cual no se concretó durante su encargo, por lo que el nuevo fiscal se comprometió el 5 de abril pasado a ofrecer la disculpa pública, aunque la ha cancelado en tres ocasiones.
