Toluca, Méx.- Con el propósito de identificar si factores contaminantes provocan un incremento en los casos de cáncer en la entidad, el Congreso local solicitó que la Secretaría de Salud del gobierno estatal practique un estudio de los factores de cáncer en la población de los 125 municipios de la entidad, y llamó a los ayuntamientos para que informen a la Legislatura el estado que guardan sus rellenos sanitarios, ante el incremento de residuos.
El punto presentado por María Elida Castelán Mondragón busca determinar si existe relación entre el aumento de los casos de esta enfermedad y el incremento de los residuos, en sus vertientes peligrosos, sólidos y sólidos-urbano, que están causando daños ambientales por la falta de espacios adecuados para su disposición final.
La legisladora dijo que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG) dos de cada 100 mil habitantes de 0 a 17 años fallecieron cada año, entre 2011 y 2016, por un cáncer en la sangre, entre ellos la leucemia.
Entre la población de 18 a 29 años mueren tres de cada 100 mil hombres y dos de cada 100 mil mujeres por la misma causa; además de que tres de cada 10 muertes por cáncer en la población de 30 a 59 años son consecuencia del cáncer en órganos digestivos y que en 2016 se registraron 16 defunciones por cáncer de mama por cada 100 mil mujeres de 20 años y más.
Inscripciones de embargo
Ante la falta de legislación que proteja a los acreedores ante deudores que no cumplen sus obligaciones, Viridiana Fuentes Cruz propuso que los ayuntamientos tengan la obligación inscribir los embargos que ordenen los órganos jurisdiccionales, mediante oficio dirigido a la persona a cargo de la Dirección del Catastro Municipal, el cual deberá contener la cantidad por la cual se ordena el embargo, número de cuenta y nombre del titular de la cuenta catastral.
Expuso que esta reforma busca garantizar que los deudores, económicos o alimentarios, cumplan con sus obligaciones en cualquiera de las ramas del derecho, por lo que se plantea adecuar los ordenamientos para permitir a los órganos jurisdiccionales ordenar la inscripción de embargo ante la autoridad catastral municipal.
