Toluca, Méx.- La Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso local, presidida por Nazario Gutiérrez Martínez, y el secretario de Movilidad del gobierno estatal, Luis Gilberto Limón Chávez, presentaron los avances de la nueva norma técnica para el servicio de arrastre, salvamento, resguardo y depósito de automotores, que considera el uso de una aplicación digital a cargo de la dependencia para transparentar su costo y se eviten abusos y extorsiones de los operarios de grúas y corralones.
En reunión de trabajo, se informó que la norma, conforme a la iniciativa de Nazario Gutiérrez y Adrián Manuel Galicia Salceda, considera también reglamentar las especificaciones de un corralón para que cumpla con determinada infraestructura, que se ubique donde el concesionario solicite la concesión, que cuenten con videocámaras para evitar daños a automotores y usuarios y con tabuladores de sus servicios y costos a la vista de todos.
Los concesionarios de corralones y grúas contarán con seguros para cubrir los daños en que incurran, que las grúas no tengan una antigüedad mayor a diez años y que la aplicación emita recibos que no podrán pagarse en efectivo, sino en bancos y tiendas de conveniencia por medio de terminales.
Durante la reunión, Gutiérrez Martínez se pronunció por agilizar la aprobación de esta iniciativa, ya que es un tema que los mexiquenses exigen resolver.
Reconoció que el proyecto de norma técnica ha sido trabajado de forma conjunta entre Legislativo y Ejecutivo, y admitió que no todo el problema es responsabilidad de la Secretaría de Movilidad, sino de los municipios, la Fiscalía General de Justicia, entre otras dependencias.
En su momento, diputados expusieron que los gruyeros cobran mil pesos por arrastre y hasta diez mil por liberar un vehículo. Pidieron que las videocámaras que se usen realmente sirvan y que la aplicación digital determine si es necesario el uso de grúa.
También consultaron si no se considera una empresa estatal para estos servicios y pidieron que se pueda evaluar la operación y cumplimiento de la aplicación referida, y en general de la norma planteada.
Por su parte, el secretario Limón Chávez expuso que parte del problema se debe a que la norma actual que data de 2011 ya no responde a la realidad.
Sostuvo que se trata de un tema económico porque involucra a privados como concesionarios, pero también a las compañías de seguros y señaló que por ahora son cinco las concesiones para estos servicios y más de cien las empresas que han solicitado una; pero se liberarán hasta que se apruebe esta nueva norma.
Consideró evidentes los abusos en el sector pero que no pueden atenderse casos por separado, sino de manera integral y a fondo; por ello, para elaborar esta nueva norma técnica se consultó a todos los actores involucrados.
