Ciudad de México.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, dijo que la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información son elementos esenciales para consolidar el Estado de derecho.
Durante la comparecencia de la secretaria de la Función Pública, la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez expuso que México, además de enfrentar la pandemia, combate un lastre administrativo de muchos sexenios anteriores.
Éctor Jaime Ramírez Barba señaló que el PAN ha denunciado la omisión de funcionarios en materia de salud, porque su negligencia daña a la ciudadanía y a los niños con cáncer.
Urgió a que la SFP investigue y sancione las faltas de los titulares del Insabi y de Salud.
Óscar Jiménez Rayón mencionó que la eliminación de los fideicomisos, estancias infantiles, la suspensión de compras a medicamentos y la cancelación del nuevo aeropuerto generan un impacto negativo en sectores vulnerables y no se ven resultados.
Ruth Salinas Reyes dijo que existe la percepción de que el “supuesto combate a la corrupción ha servido para destruir lo que gobiernos del pasado han dejado, no solamente lo malo, sino también lo bueno”. Ejemplo de ello es la cancelación de programas y la eliminación de 109 fondos y fideicomisos.
Mónica Bautista Rodríguez cuestionó cómo se explica la tasa de corrupción que se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes, en 2017, a 15 mil 732 en 2019.
Pidió explicar si los contratos por adjudicación directa siguen representando únicamente el 40 por ciento del monto de los contratos y por qué la administración pública no registra todas sus contrataciones.
Al dar respuesta, la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dijo que hoy se tiene un gobierno más transparente, gracias a la profesionalización y convicción de transparentar los patrimonios, haberes y conflictos de interés.
Expuso que en el tema de las adjudicaciones directas se debe tomar en cuenta el contexto que se vive; están basadas en la ley, son fundamentadas moralmente por las necesidades de la pandemia y derivan de la autorización que hizo el Consejo de Salubridad con motivo de la emergencia.
Sobre la cancelación de los fideicomisos, expresó que deriva de un estudio respecto de cómo se mal usaron.
Respecto al COVID-19, “realizamos no solamente las auditorías y la fiscalización, sino también hicimos visitas in situ y de inspección a diversos institutos del más alto nivel de salud pública”.
