Ciudad de México.- La Comisión de Juventud y Diversidad Sexual propuso exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía visibilizar a la población de la diversidad sexual en el Censo 2020, de conformidad con las recomendaciones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
En un punto de acuerdo mencionan que la discriminación actual en el país es un fenómeno estructural que afecta a las comunidades urbanas y rurales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis 2017) 30.1 por ciento de la población de la diversidad sexual ha sufrido segregación, y al 41.8 por ciento de dicha población se le han negado sus derechos por su orientación sexual.
Esta discriminación se robustece cuando las políticas públicas ignoran tal discriminación, lo que a la postre impide que todas las personas gocen de los mismos derechos.
Destacan que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en su resolución AG/RES. 2863 (XLIV-O/14), sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género, insta a los Estados, a que produzcan datos sobre la violencia homofóbica y transfóbica, con miras a promover políticas públicas que protejan derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).
De igual manera, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha señalado la preocupación sobre los deficientes o inexistentes mecanismos de recolección de datos relativos a la violencia contra personas LGBTI.
Los legisladores precisan que el Censo de Población y Vivienda 2020, pese a no ser una medición estadística de violencia, sí es un factor relevante para conocer a la población de la diversidad sexual y de género, dónde se encuentra, y con base en ello generar políticas transversales de sensibilización y de protección de sus derechos humanos.
Subrayan que incorporar el conteo de la población de la diversidad sexual y de género, es de interés nacional, de conformidad con la legislación en la materia. “La captación de esos datos servirá de base para la implantación de políticas públicas gubernamentales por al menos 10 años, y se cumplirá con las recomendaciones internacionales”.
